Jan Jarab dejará el cargo de representante en México de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) el próximo 24 de noviembre, tras ocupar el cargo desde junio de 2016, informó este miércoles el organismo.
"Agradezco profundamente a quienes durante estos años han acompañado la misión de mi oficina, autoridades y funcionarias/os públicos, colegas de Naciones Unidas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y colectivos de víctimas y en general a todas aquellas personas que nos abrieron sus puertas y sus corazones," afirmó Jarab según recoge el boletín.
Tras su salida del cargo "asumirá la función de representante en la Oficina Regional de ONU-DH para América del Sur", puntualizó el organismo.
La Oficina Regional para América del Sur tiene base en Santiago de Chile y cubre a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela.
En este mismo comunicado, Jarab expresó que en los más de tres años y medio de representante en México pudo compartir muchos momentos con víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias. "Y hoy puedo decirles que mi corazón permanecerá siempre con ellas", aseguró.
"Anhelo que muy pronto la verdad y la justicia se abran paso en sus vidas y que su dolor encuentre consuelo," agregó Jarab, quien destacó la "profunda admiración" hacia los defensores de derechos humanos, quienes pese a los riesgos de su trabajo llevan a cabo una "imprescindible labor".
"Finalmente, manifiesto mi entera confianza en que la oficina continuará con su comprometido trabajo en favor de los derechos humanos de todas las personas en México," concluyó Jarab.
En el boletín no se especifica quien sustituirá a Jarab en el cargo.
Durante su trabajo en México, Jan Jarab ha sido muy cercano a las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos en 2014, bajo la Presidencia de Enrique Peña Nieto, y crítico con los asesinatos de activistas y periodistas en el país.
La ONU-DH reiteró su compromiso para trabajar en conjunto con autoridades, organismos autónomos de derechos humanos, organizaciones de la sociedad civil y con quienes han sido víctimas de violaciones a sus derechos humanos con el objetivo de, en cumplimiento de su mandato, asegurar el pleno goce de todos los derechos humanos para todas las personas.
Según datos de la ONU-DH, en 2018 se registraron 13 asesinatos de personas defensoras de derechos.
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