Iniciativa de bajar sueldos a funcionarios genera choque de poderes en México

La intención del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, de impedir que los servidores públicos reciban un salario mayor que el del propio jefe de Estado ha provocado un enfrentamiento de los poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial.

La iniciativa, una de las medidas de austeridad de López Obrador, dada a conocer desde que estaba en campaña, fue aprobada por la Cámara de Diputados a mediados de septiembre y por el Senado a principios de noviembre, y se inscribió en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.

La norma señala que ninguno de los servidores públicos en el país debe percibir un salario mayor que el del presidente de México, cuya remuneración es de unos 108,000 (unos 5.300 dólares), 40 % de lo que ganaba el hoy expresidente Enrique Peña Nieto: 270.000 pesos (unos 13.300 dólares).

Impulsada por el Ejecutivo y aceptada por el Legislativo -donde el gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena) tiene mayoría-, el único que faltaba por aceptar era el Poder Judicial, pero desde el inicio fue el más reticente.

Unos días después del triunfo electoral de López Obrador, el 1 de julio, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Luis María Aguilar, aseguró que la seguridad, estabilidad y remuneraciones dignas "no son en beneficio personal de los juzgadores, ni mucho menos privilegios inconfesables de éstos, sino condiciones necesarias para un servicio público indispensable".

Desde hace más de una década y desde la oposición, López Obrador criticó los salarios de los ministros, magistrados y jueces, muy por encima de los sueldos promedio en México, donde el mínimo es de 88,36 pesos (unos 4,3 dólares).

La semana pasada en una conferencia de prensa, ya como presidente, López Obrador fue cuestionado sobre los amparos que promovieron más de 2,000 empleados del Poder Judicial, entre ellos 600 magistrados, contra la posible reducción de salarios, a los que se han sumado los de trabajadores de otras instituciones, para un total de más de 4.000 personas.

"El servicio público no es para hacer dinero, es para servir a los ciudadanos. Hay deshonestidad cuando un funcionario público acepta recibir hasta 600.000 pesos mensuales (unos 29.500 dólares). Eso es corrupción en un país con tanta pobreza", dijo.

El viernes pasado, la SCJN suspendió la aplicación de la Ley de Remuneraciones en respuesta a una moción de inconstitucionalidad promovida por senadores de oposición, en tanto se resuelve el fondo del asunto.

Un día después, el presidente criticó a la Corte y calificó de error que el máximo tribunal admitiera el trámite de inconstitucionalidad. "Se equivocaron (los ministros de la SCJN) porque no están entendiendo la nueva realidad. No puede haber un gobierno rico con pueblo pobre", manifestó.

Este lunes, interrogado en conferencia de prensa sobre el presupuesto federal, que deberá entregarse esta semana a la Cámara de Diputados, López Obrador puntualizó que la partida contemplada por el Poder Judicial la elabora la institución en sí, y el Ejecutivo no "puede hacer ajustes" al mismo.

No obstante, declaró que es la Cámara de Diputados, dominada por Morena, la instancia encargada de aprobar los presupuestos de los tres poderes.

Reiteró que la reducción de salarios de los altos funcionarios es necesaria porque algunos sueldos son "ofensivos", en particular en el Poder Judicial. "Son los funcionarios públicos mejor pagados en el mundo", aseveró.

Este lunes la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial señaló que es un "falso discurso" apuntar que los juzgadores son privilegiados y viven "del abuso del erario público".

"En un auténtico régimen de división de poderes, en una democracia fortalecida como la que permitió este cambio de rumbo (la elección de López Obrador), no caben los jueces dóciles, al servicio de nadie; la irreductibilidad salarial no es un privilegio, sino una de las diversas garantías de independencia de la Judicatura", dijo Luis Vega, presidente de la Asociación.

A su vez, el presidente del Senado, Martí Batres (Morena), dijo a la prensa que ese órgano legislativo analiza impugnar la resolución de la SCJN, y aseguró que la Ley de Remuneraciones "no afecta la autonomía del Poder Judicial".

Asimismo, en un artículo en el rotativo El Financiero, Batres dijo que la decisión de la Corte "es ilegal y regresiva" y expuso que "entraña un ominoso mensaje de resistencia al cambio a costa de lo que sea".

"Es una típica decisión reaccionaria que busca defender por encima de todo los privilegios de un grupo muy pequeño de mexicanos", acotó.