La Cámara de Diputados de México aprobó este martes la reforma de la Ley General de Salud para que etiquetas de alimentos y bebidas ultraprocesadas tengan un etiquetado que indique con claridad los contenidos que pueden dañar la salud de los consumidores.
A partir de ahora, los productos deberán tener etiquetas que indiquen si tienen alto contenido de grasa, azúcar, sodio, colorantes y otras sustancias que afecten en la salud de las personas.
La reforma, que exige un etiquetado frontal claro "de fácil comprensión, veraz, directo, sencillo y visible", se aprobó en lo general con 458 votos a favor, dos abstenciones y ningún voto en contra.
Así, México se une a Chile, Perú y Uruguay como los únicos países en Latinoamérica que utilizan este tipo de etiquetas como medida para combatir problemas como el sobrepeso, la obesidad y la diabetes.
De acuerdo con especialistas, el etiquetado de advertencia ha mostrado de forma científica que es una de las medidas más efectivas para reducir los índices de sobrepeso y obesidad.
Según datos de la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición 2016, el 72,5 % de la población de 20 años y más padecía sobrepeso u obesidad.
De acuerdo con datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), alrededor del 40 % de la ingesta de calorías de preescolares proviene de productos ultraprocesados, mientras que para adolescentes es 35 % y para adultos 26 %.
En México, entre el 58 % y el 85 % de los niños, niñas y adolescentes tienen un consumo excesivo de azúcares añadidos, y entre el 67 % y el 92 % lo tiene de grasas saturadas, de acuerdo con los parámetros de la OPS/OMS.
Mientras que la Encuesta Nacional de Salud 2012, reveló que México es uno de los países con mayor consumo de productos ultraprocesados en todo el mundo, y quienes más consumen estos productos en el país son los niños, niñas y adolescentes.
El 24 de julio, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados había aprobado una reforma a la Ley General de Salud para implementar el etiquetado de advertencia, pero la decisión todavía debía pasar al pleno.
Por muchos años, organizaciones de la sociedad civil, encabezadas por El Poder del Consumidor, exigieron estos cambios a la ley, sin embargo, denunciaron que la presión de la industria de productos industrializados evitaron que se aprobaran estas reformas.
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