Un total de 20 exfuncionarios, exjefes y agentes policiacos del oriental estado mexicano de Veracruz fueron acusados formalmente del delito de desaparición forzada de 15 ciudadanos, informaron autoridades locales.
La Fiscalía General del Estado los acusa de implementar una política de Estado sistemática para detectar, detener, torturar y desaparecer forzadamente a personas durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa (2010-2016), actualmente preso bajo acusaciones de lavado de dinero y delincuencia organizada.
Tres de los implicados en los hechos, que podrían constituirse en crímenes de lesa humanidad, se encontraban presos enfrentando delitos diversos; 16 más fueron arrestados en las últimas horas y puestos a disposición de un juez de control, y uno está prófugo.
Entre los acusados figuran Arturo Bermúdez Zurita, exsecretario de Seguridad Púbica, quien ya se encontraba preso por delitos de abuso de autoridad y tráfico de influencias; Óscar Sánchez Tirado, ex director general de Prevención y Readaptación Social, actualmente preso acusado de homicidio, y José López Cervantes, excomandante de las Fuerzas Especiales, también preso desde hace meses.
A los tres se les notificó del nuevo delito del que se les acusa.
En las últimas horas fueron detenidas 16 personas, entre ellas Roberto González Meza, ex director general de la Fuerza Civil, y 15 agentes y exagentes de la Secretaría de Seguridad Pública.
De manera paralela fue declarado prófugo de la justicia José Nabor Nava Holguín, exsubsecretario de Operaciones y exsecretario de Seguridad en los últimos meses de 2016, por quien se ofreció una recompensa de un millón de pesos (53.022 dólares).
"En Veracruz hubo régimen de gobierno podrido que saqueó las arcas públicas y cometió delitos de lesa humanidad", dijo el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares en un mensaje televisado.
Añadió que en Veracruz "la impunidad ya no reina y el gobierno no está más al servicio de la delincuencia".
La Convención Internacional para la protección personas contra las desapariciones forzadas advierte que la práctica generalizada o sistemática de este delito podría constituir un crimen de lesa humanidad.
En los últimos tres años del gobierno de Duarte, autoridades estatales y federales investigaron un total de 145 casos de "desapariciones forzosas" en las que presumiblemente estarían involucrados agentes policiacos de diversos órdenes de gobierno.
Fueron 87 casos del fuero común y 58 federales en los que se indagó la participación de oficiales del Estado en la desaparición de personas, de acuerdo con documentos oficiales de la Fiscalía General del Estado y de la Procuraduría General de la República (fiscalía nacional).
Como consecuencia de la guerra contra el narcotráfico que emprendió el gobierno de Duarte y de la misma pugna entre cárteles se tuvo un registro de 5.590 denuncias por desaparición de personas de 2011 a 2016.
De ese total se logró la localización de 3.278 personas, por lo que desaparecidas 2.312.
Además, hasta el cierre del 2017 han sido localizadas oficialmente 343 fosas clandestinas donde el crimen organizado sepultó de manera ilegal cientos de cuerpos.
El fiscal general del estado, Jorge Winckler, reportó inhumaciones irregulares en 44 municipios, donde se han encontrado 225 cuerpos, 335 cráneos y más de 30.600 fragmentos óseos humanos.
En el gobierno de Duarte se creó la Fuerza Civil de Veracruz, una corporación de élite que operó con 2.000 agentes altamente entrenados por la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Policía Federal, pero también por instituciones de países como Canadá, Estados Unidos, España, Francia, Guatemala, Israel, Italia y República Checa.
La corporación fue una respuesta a los altos niveles de inseguridad y entre sus tareas fundamentales estaba el combate de los grupos de la delincuencia organizada, contención y disminución de los delitos comunes y actividades de inteligencia policial.
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