El pleno del Senado de México aprobó hoy la iniciativa de Ley de Seguridad Interior, que fija las bases para la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública, y lo turnó a la Cámara de Diputados.
"En lo general fue aprobada por 76 votos a favor, 44 en contra y 3 abstenciones. En lo particular se rechazaron todas las reservas presentadas", informó la Cámara Alta en un boletín.
La discusión inició a las 14.50 hora local (20.50 GMT) de este jueves y concluyó a las 6.10 hora local (12.10 GMT) de hoy.
La minuta de ley había sido aprobada el miércoles por las comisiones de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y de Estudios Legislativos Segunda del Senado.
La jornada fue maratónica y la norma se devolvió a la Cámara de Diputados porque hubo modificaciones frente al texto original, presentado el 30 de noviembre por la misma Cámara Baja.
Se prevé que este mismo viernes salga aprobada en el Congreso la polémica Ley de Seguridad Interior, muy criticada por asociaciones civiles y organismos internacionales al considerar que perpetúa la presencia de los militares en las calles.
Militares y marinos asumieron tareas de seguridad pública en el marco de la guerra contra los cárteles del narcotráfico emprendida por el Gobierno de Felipe Calderón (2006-2012).
Las comisiones dictaminadoras del Senado presentaron al Pleno un dictamen con nueve modificaciones a la minuta enviada por la Cámara de Diputados, que fueron aprobados.
Al presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Gobernación, su presidenta, la senadora Cristina Díaz Salazar, del oficialista Partido Revolucionario Institucional (PRI), aseguró que este ordenamiento no pretende que la Fuerzas Armadas estén al frente de las acciones de seguridad de manera permanente.
"Y mucho menos es intención del Gobierno de la República militarizar al país", afirmó.
Por otro lado, el presidente de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda, el senador Benjamín Robles, del izquierdista Partido del Trabajo, manifestó que la ley potenciará el uso indiscriminado de las fuerzas armadas, debido a que se puede prorrogar su presencia en las entidades.
La ley establece la función del Estado para preservar la seguridad interior, así como crear las bases, procedimientos y modalidades de coordinación entre la Federación, las entidades federativas y los municipios, en esta materia.
Indica que las legislaturas locales o el Ejecutivo estatal podrán solicitar la intervención de la Federación ante problemas de seguridad para obtener una Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior.
La Declaratoria deberá precisar la vigencia de la participación de la Policía Federal o de las Fuerzas Armadas, mismas que no podrán exceder de un año, pero con la posibilidad de prorrogarse mientras subsista la amenaza que la motivó; y se justifique la continuidad de las acciones de seguridad interior, explicó el Senado.
En los casos en que las amenazas a la seguridad interior representen un grave peligro a la integridad de las personas o el funcionamiento de las instituciones fundamentales de gobierno, el Presidente podrá ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Federales y las Fuerzas Armadas.
La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos calificó hoy de "lamentable" que el Senado de México haya aprobado la nueva y polémica Ley de Seguridad.
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