Gobierno de México busca a los 43 estudiantes de Ayotzinapa en 200 puntos

El Gobierno de México, encabezado por Andrés Manuel López Obrador desde diciembre del año pasado, ha emprendido búsquedas en 200 puntos de interés con el objetivo de hallar a los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace cinco años, explicó este miércoles un alto funcionario a Baja Press.

"Se ha desarrollado un conjunto de operativos de búsqueda en diferentes lugares, tanto búsquedas en vida como en fosas, en más de 200 puntos de interés", reveló Félix Santana, secretario técnico de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso, creada por López Obrador para esclarecer el caso.

Este martes trascendió que la comisión presidencial, la Fiscalía y el Ejército estaban excavando en el hasta ahora inexplorado vertedero de Tepecoacuilco, muy cerca de Iguala, lugar de desaparición de los jóvenes, en busca de los cuerpos.

La noche del 26 de septiembre de 2014, un grupo de estudiantes que se desplazaban en autobuses fueron atacados a tiros por policías corruptos en el municipio de Iguala, ubicado en el sureño estado de Guerrero.

En el ataque murieron seis personas y 43 jóvenes fueron detenidos por policías municipales y entregados a integrantes del cártel Guerreros Unidos, que los asesinaron e incineraron sus restos en un vertedero de basura, según la versión oficial.

Pero una investigación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) sobre el caso señaló con pruebas científicas que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

Santana, quien estuvo presente en el basurero de Tepecoacuilco, contó que esta operación "es una búsqueda más en campo de las que se han venido desarrollando en estos meses de trabajo" y reveló que hasta el momento no se ha encontrado indicios de los jóvenes.

Las labores de búsqueda de la comisión se basan en un mapa generado con los datos de los registros de llamadas la noche del 26 de septiembre de 2014 y las pistas recibidas por parte de informadores de la zona.

"Se han identificado varios lugares y esperemos que a la brevedad tengamos algún tipo de resultados", dijo el secretario de esta comisión, cuya creación fue la primera medida adoptada por López Obrador al asumir la Presidencia el 1 de diciembre de 2018.

Esta comisión está reconstruyendo prácticamente desde cero la investigación, luego que la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) quedara desacreditada por expertos internacionales y por jueces mexicanos.

De acuerdo con la versión de Peña Nieto, apodada como "verdad histórica", los estudiantes fueron interceptados por policías corruptos que los entregaron al crimen organizado, que los mató e incineró en el basurero del municipio de Cocula.

Santana admitió las dificultades de reiniciar la investigación de unos hechos ocurridos hace cinco años, ya que la anterior Administración "se esmeró en desaparecer las pruebas y tergiversar la verdad".

"Nosotros no estamos construyendo ninguna verdad, la estamos buscando y lo hacemos con elementos científicamente objetivos como el análisis de la telefonía, que nos permite ubicar hechos que son impermeables a las opiniones políticas", reivindicó.

Este análisis ha permitido a la comisión concluir que el tráfico de llamadas no fue alto en el basurero de Cocula, donde según la "verdad histórica" fueron incinerados los estudiantes de magisterio.

Santana dijo que la comisión presidencial sobre Ayotzinapa ha supuesto durante estos meses "un logro para los padres de familia de los jóvenes desaparecidos al ubicar el caso en la agenda pública del Estado mexicano".

En un comunicado de este miércoles, la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) celebró la existencia de esta comisión, conformada por el Gobierno, las familias, los abogados y organismos defensores de los derechos humanos.

"La comisión presidencial ha significado un verdadero cambio de rumbo. Logró construir una relación de confianza entre las familias y el Estado mexicano", señaló ONU-DH.

Aunque advirtió que "la investigación del caso sigue dañada por años de irregularidades y acciones de encubrimiento, cometidas por las instituciones del Estado mexicano en el pasado, en el afán de construir y defender la desacreditada 'verdad histórica'".