Las autoridades mexicanas anunciaron la detención de uno de los presuntos autores del asesinato en una emboscada de cuatro agentes de la fiscalía general, y la lesión de otros siete, el junio pasado en el sureño estado de Guerrero.
Fue efectuada la "orden de aprehensión vigente por homicidio de Arnulfo 'N', vinculado a la emboscada con personas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Procuraduría General de la República (PGR) en junio del 2017", informó en un mensaje a medios el titular de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), Renato Sales.
Esta emboscada perpetrada por miembros del crimen organizado tuvo lugar en San Miguel Totolapan y derivó en un enfrentamiento en el que hubo cuatro agentes fallecidos y otros siete heridos, así como uno de los presuntos criminales muertos y la detención de tres más.
El hoy detenido se ocultó todo este tiempo en Atizapán de Zaragoza, en el céntrico Estado de México, donde trabajó de soldador para "evadir la autoridad".
Sales ofreció una actualización de los avances logrados tras el inicio el 29 de enero del operativo Escudo Titán, con 5.000 agentes federales.
Informó de la detención de Martín "N", uno de los presuntos principales operadores de un grupo delictivo en la zona serrana de Guerrero.
También del arresto en el suroriental estado de Quintana Roo de Alejandro "N" y Pablo "N", presuntos responsables de la venta de drogas en el municipio de Puerto Morelos y relacionados con al menos 37 homicidios.
Sales habló también de decomisos de 415 kilos de cristal, 614 kilos de metanfetaminas y 97 kilos de cocaína, entre otros, así como del desmantelamiento de un laboratorio clandestino de metanfetamina en Colima (oeste) y la detención de cinco presuntos responsables.
Además, informó del arresto de 145 personas por homicidios dolosos, secuestros, extorsiones y delitos contra la salud (narcotráfico) y ambientales.
Sales atribuyó parte de la violencia en el país, que en 2017 vivió su año más negro con 25.339 homicidios, a las disputas por el territorio de distintos cárteles, especialmente en zonas fronterizas.
Tras la polémica suscitada por la Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de militares en tareas de seguridad pública, y apremiado por la cercanía de comicios presidenciales, el Gobierno anunció a finales de enero un despliegue de 5.000 fuerzas federales, sin participación castrense, para hacer frente a la ola de violencia.
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