De día y de noche, policías y militares mexicanos patrullan por los barrios y comunidades de una quincena de municipios del suroriental estado de Chiapas, con el fin de frenar la efervescencia que el fenómeno mara ha tenido en los dos últimos meses.
Los dispositivos de seguridad integrados por elementos de la Marina Armada de México, militares, policías estatales y municipales e integrantes de la Policía Federal buscan pandilleros preparados para delinquir.
La disputa del territorio para la venta de droga y la práctica de la trata de personas se ha vuelto un mercado negro que da grandes réditos para integrantes de la Mara Salvatrucha 13 y el Barrio 18.
Este enfrentamiento entre pandilleros ha dejado una estela de asesinatos que ha puesto en alerta a las autoridades de los tres órdenes de Gobierno en el sur de México.
Según información de la Fiscalía estatal, hasta agosto de 2018 habían sido detenidos 90 pandilleros de los dos bandos, aproximadamente.
De esta cifra, los detenidos estaban dispersos en 14 clicas, células criminales adheridas a la MS13 o el Barrio 18.
La militarización y el cerco policial de la frontera entre Chiapas y Guatemala tiene como objetivo la captura y la desintegración de estas bandas antagónicas que emigraron de Centroamérica y han sentado sus bases en municipios como Tapachula, Suchiate y Huixtla.
La presencia de pandilleros en el sur de Chiapas es un malestar generalizado que agobia a sectores sociales y empresariales.
Fidel Gómez López, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) en la frontera sur, relató a Efe que la iniciativa privada ha visto la evolución de los actos delictivos en esta región del país, situación que ha comenzado a tener sus primeras consecuencias.
"Cada día tenemos más asentamientos de pandilleros, lo vemos a la orden del día con los asaltos, los famosos cadeneros, robo de celulares. Pero ahora tenemos los asesinatos y el manejo de la droga y el cobro del piso (extorsión) en algunos lugares", dijo.
Asimismo, auguró un duro golpe para el desarrollo económico de Tapachula y la región, pero ese sería sólo uno de los tantos sectores a los cuales, en caso de no frenar el acecho de maras, golpearía de forma fuerte.
"Lo único que estamos viendo es que vamos a tener una retirada de inversiones y vamos a empezar a tener problemáticas para la cuestión del manejo de mercancías", señaló.
Pero la presencia de las pandillas maras no solo mantiene atemorizados a empresarios y ciudadanos.
Activistas que trabajan para comunidades vulnerables, como los migrantes, afirman que los dispositivos de seguridad deben fundamentarse en el respeto a los derechos humanos y dar con los responsables de los asesinatos y altercados contra la vida suscitados durante esta oleada de delincuencia organizada.
Para Rosemberg Samayoa, miembro de Red Nacional por la Diversidad y la no Discriminación, el fenómeno de la violencia de pandillas se remonta a 2005, cuando se hizo la primera manifestación de detenciones arbitrarias tras enfrentamientos entre maras.
"Pareciera que está surgiendo otra vez este fenómeno, pero creo que es responsabilidad del estado preservar la integridad de cada uno de los ciudadanos de Chiapas y de los que transitan por nuestro estado", sostuvo.
"Cuando hablamos de seguridad no solo hablamos de los migrantes, también hablamos de esta seguridad que como pobladores y parte de esta sociedad nos corresponde", afirmó.
Hasta ahora, la Fiscalía estatal ha informado sobre la repatriación de 13 pandilleros a Honduras, Guatemala y El Salvador por delitos como extorsión, asaltos y homicidios.
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