El Tribunal Supremo de EE.UU. decidió este miércoles que el Gobierno del presidente Donald Trump pueda seguir implementando por ahora el programa "Permanezcan en México", mientras continúa el litigio sobre la polémica medida.
El fallo mantiene en pie esa política que obliga a los indocumentados que solicitan asilo en la frontera sur de EE.UU. a esperar en México a que se tramiten sus peticiones.
La jueza hispana Sonia Sotomayor fue la única que se pronunció en contra de mantener vivo temporalmente el programa, en una decisión que no entra a valorar el fondo ni la constitucionalidad de la política del Gobierno de Trump.
El pasado jueves, el tribunal de apelaciones del Noveno Circuito de EE.UU., con sede en San Francisco (California), ordenó el bloqueo de "Permanezcan en México", aunque unas horas después suspendió temporalmente su propia orden para dar tiempo al Ejecutivo a responder.
El Gobierno de Trump recurrió entonces al Supremo, cuya decisión impide la entrada en vigor del bloqueo parcial del programa, que según lo dispuesto por la corte californiana, iba a dejar de aplicarse este jueves en California y Arizona, los dos estados fronterizos sobre los que tiene jurisdicción el Noveno Circuito.
El Departamento de Justicia alegó ante el Supremo que bloquear el programa crearía problemas de "seguridad nacional y pública", porque "más de 25.000 extranjeros que ahora están esperando en México se apresurarían inmediatamente a entrar en Estados Unidos".
"Una oleada de esa magnitud impondría una carga extraordinaria a Estados Unidos y dañaría nuestras relaciones diplomáticas con el Gobierno de México", alertó el abogado del Gobierno, Noel Francisco, en su petición al Supremo.
La solicitud sobre la que se pronunció este miércoles el Supremo no era un recurso a la decisión del tribunal de apelaciones acerca de la legalidad del programa, sino una petición de intervenir urgentemente para que no entrara en vigor el bloqueo parcial de la medida en California y Arizona.
El Gobierno de Trump tiene ahora la opción de apelar formalmente la decisión de la corte, lo que probablemente desembocaría en una decisión del Supremo sobre la legalidad del programa.
La política, cuyo nombre oficial es Protocolo de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), comenzó a aplicarse a comienzos del año pasado en algunos puntos de la frontera con México y se expandió a partir de junio a raíz de un acuerdo con el Gobierno mexicano.
Esa medida fue impugnada por la Unión de Libertades Civiles de EE.UU. (ACLU, sigla en inglés) por considerar que "el programa de devolución de demandantes de asilo no cumple con las obligaciones adquiridas por EE.UU." en materia de migración y asilo.
Entre esas obligaciones se halla la de no enviar personas a países donde podrían ser perseguidas, algo que los demandantes aseguran que ocurre en México, donde los solicitantes de asilo pueden ser víctimas de redes de tráfico de humanos o secuestradas para exigir un rescate.
La organización American Inmigration Council calcula que cerca de 60.000 personas que buscaban asilo en EE.UU. han sido devueltas a México en el marco de este programa, y que solo se ha concedido asilo a 263.
Desde el inicio de su aplicación, se ha informado de al menos 816 casos de asesinato, torturas, violación, secuestro y otros ataques contra las personas acogidas a este programa, mientras esperaban en México la resolución de sus expedientes migratorios en EE.UU., denunció el grupo.
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