Puigdemont elude responder al Gobierno español si declaró la independencia

El presidente del Gobierno regional de Cataluña, Carles Puigdemont, eludió hoy aclarar si la semana pasada declaró la independencia de esa comunidad autónoma, tal como le requirió el Ejecutivo español, que le emplazó a volver a la legalidad antes del próximo jueves, pues en caso contrario tomará medidas desde Madrid.

El 10 de octubre Puigdemont compareció en el Parlamento regional, donde dijo "asumir" los resultados del referéndum soberanista ilegal del 1-O, en el que con una participación en torno al 43 % algo más de dos millones de catalanes apostaron por convertir su comunidad en una república independiente de España.

Esa confusa declaración llevó al Gobierno español que presiden de Mariano Rajoy a requerir formalmente al líder catalán que aclarase si realmente declaró la independencia o no, algo que Puigdemont no ha hecho hoy, fecha del primer plazo, en una misiva enviada al Gabinete.

En su carta Puigdemont evita pronunciarse sobre la petición de Rajoy y pide al Gobienro central "dos meses" para dialogar y negociar una salida política a lo que considera contencioso entre Cataluña y el Estado.

"No puedo aceptar en modo alguno la existencia de eso que usted (Puigdemont) denomina 'conflicto histórico entre el Estado español y Cataluña'", respondió Rajoy de forma inmediata, también por carta.

"Nunca en toda su historia los ciudadanos de Cataluña han gozado de más libertades, de más autonomía política y financiera que durante esta etapa democrática", añade la misiva.

Por su parte, Puigdemont hizo hincapié en que los efectos del "mandato político surgido de las urnas el 1 de octubre" están "suspendidos" porque su "voluntad" es "encontrar la solución y no el enfrentamiento".

La indefinición del presidente catalán no ha satisfecho al Gobierno español que, por boca de su vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, le exigió hoy mismo dar una respuesta "clara" antes del 19 de octubre (fecha del segundo plazo del requerimiento citado) para acabar "con la incertidumbre" de los ciudadanos.

Combo con la respuesta dada por el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, al requerimiento del Gobierno sobre si declaró o no la independencia (abajo), y la carta enviada por el presidiente del Gobierno, Mariano Rajoy, tras recibir la misiva en respuesta al requerimiento.

Si no hay respuesta convincente el Ejecutivo de Rajoy aplicará el artículo 155 de la Constitución, que le faculta para asumir directamente competencias que hasta ahora ejerce el Gabinete catalán.

Entre ellas, según los análisis de expertos que estos días publica la prensa española, podrían figurar la asunción de competencias financieras y las de control de la Policía regional (Mossos d'Esquadra), para garantizar la seguridad y el orden público.

"Se busca reponer la legalidad, el respeto a los derechos de todos y el ejercicio de la autonomía" según los parámetros legales, subrayó hoy Sáenz de Santamaría, quien invitó a Puigdemont al diálogo, pero en el Congreso de los Diputados.

En su carta, Rajoy advirtió a Puigdemont de que éste será "el único responsable de la aplicación de la Constitución", en referencia a su artículo 155.

En este punto el Gobierno español tiene el respaldo del primer partido de la oposición, los socialistas del PSOE, cuyo portavoz, Óscar Puente, calificó hoy de "inadmisible" la respuesta de Puigdemont y dijo que si se aplica el artículo 155 de la Constitución será el presidente regional su único responsable.

"El diálogo es fácil y es posible. Los cauces están", subrayó el portavoz socialista, para quien basta con acudir al Congreso de los Diputados y con "sentarse" en la comisión para la reforma de la Constitución que se abrirá en los próximos meses.

Este cruce de declaraciones tuvo lugar en una jornada en la que el jefe operativo de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero, comparecía ante la Audiencia Nacional acusado de sedición por su actuación el 1 de octubre, y para quien la fiscalía solicitó prisión sin fianza por ese delito.

La labor de los Mossos fue polémica por las críticas de otros Cuerpos de ámbito estatal (Policía Nacional y Guardia Civil) ante lo que consideran escasa participación en la requisa de urnas y papeletas por orden judicial.