Empresarios mexicanos critican "discrecionalidad" en la política fiscal

Empresarios mexicanos criticaron la "discrecionalidad" de la política fiscal del Gobierno tras revelarse los impuestos condonados por los presidentes mexicanos Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto por un total de unos 13.800 millones de dólares, entre 2007 y 2015.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), aplaudió que se hayan publicado los perdones fiscales.

La información entregada por el Sistema de Administración Tributaria (SAT) involucra a 7.885 personas y empresas que en total recibieron beneficios por 172.335 millones de pesos (unos 8.700 millones de dólares).

Además, el 2,4 % de los beneficiados de amnistía fiscal se ampararon para que no se revelase su nombre. Y contando a estas personas y empresas, el monto asciende a los 274.000 millones de pesos (unos 13.800 millones de dólares).

El representante del CCE afirmó que sus agremiados no temen una mayor vigilancia del SAT porque ellos acatan las leyes.

"El que cumple no tiene por qué preocuparse. Nosotros lo que hemos remarcado y señalado constantemente es que no quede a discrecionalidad de una autoridad la aplicación de algo que puede convertirse en algo arbitrario", expresó en rueda de prensa.

La organización Fundar reveló este martes, tras ganar un litigio de transparencia al SAT, la lista de empresarios, municipios, deportistas, políticos y celebridades a quienes se les perdonaron adeudos en el periodo del 1 enero de 2007 al 4 de mayo de 2015.

Entre los 7.885 beneficiados hay cantantes como Juan Gabriel y José José; empresas como Banorte o Carso; equipos de fútbol como Cruz Azul y Pumas, y políticos como Yeidckol Polevnsky, dirigente del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena).

La Cámara de Diputados de México, el pasado 24 de septiembre, prohibió la condonación a partir del próximo año, a través de una reforma constitucional, con el argumento que se distorsionó la intención original de esta disposición.

Aunque pidió cautela para analizar cada caso en particular, Salazar Lomelín pidió aprovechar este esfuerzo ciudadano para demandar un uso más eficiente de los recursos públicos y que la gente pueda "juzgar" la manera en la que se generan los impuestos.

"Qué bueno que se da esta oportunidad donde un dirigente político, o un club de fútbol, o cualquier otro, tenga que explicar qué fue lo que pasó en su caso. Y qué bueno que, la ciudadanía, tengamos la tranquilidad de que al pagar nuestros impuestos todo mundo estamos contribuyendo por igual", comentó el empresario.

Salazar Lomelín también cuestionó el análisis de Arturo Herrera, secretario federal de Hacienda y Crédito Público, quien destacó este martes la necesidad de una reforma fiscal en 2022 porque el país recauda "muy poco": alrededor de un 13,5 % del PIB, mientras que la media regional se sitúa en 17,5 %.

Pese a reconocer que la propuesta "debe discutirse", el líder del CCE argumentó que los mexicanos pagan muchos impuestos, pero el problema es que 27 % del Producto Interno Bruto (PIB) proviene del sector informal, por lo que el resto de los contribuyentes "están cautivos".

"No se vale comparar el ingreso tributario contra el PIB cuando, por otro lado, nosotros aceptamos que tenemos una informalidad de ese tamaño, de esas dimensiones. Se va a la informalidad porque no paga impuestos", apuntó.

En la conferencia de prensa también participó Pablo González Guajardo, presidente de la comisión de educación de la CCE, quien cuestionó que el próximo presupuesto contemple una reducción de 6 % en educación de primera infancia y de 42 % en la formación de docentes.

Los empresarios pidieron congruencia en la inversión educativa, pues la promesa del Gobierno es de destinar 8 % del PIB a este rubro, cuando la propuesta para el 2020 contempla solo 5,4 %, de lo que 97 % se iría solo al pago de nómina de los docentes.