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El futuro Gobierno de México comenzó hoy a trazar plan de seguridad compuesto por diez ejes estratégicos y cuyo núcleo es la ley de amnistía, la cual surgirá a partir de una consulta a amplios sectores de la sociedad y contempla un periodo de justicia transicional.
Durante la campaña electoral, el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, ganador de los comicios presidenciales del 1 de julio, propuso como parte de su programa considerar la amnistía a criminales para lograr la paz en México.
La propuesta generó una enorme polémica, debido a que sus adversarios señalaron que daría libertad a delincuentes de alto rango, pero sus colaboradores explicaron que no sería así y que no darían paso alguno sin el visto bueno de las víctimas.
"El proceso de pacificación es uno de los diez ejes estratégicos que integran la propuesta o el plan de seguridad", explicó en conferencia de prensa Alfonso Durazo, quien está previsto como secretario de Seguridad Pública.
"Además hay otras nueve líneas estratégicas adicionales que acompañarán a esta medida para garantizar la seguridad, la paz y la tranquilidad en el país", añadió.
Durazo dijo que con esta iniciativa arrancará un "gran proceso de reflexión nacional". Comenzarán a recoger opiniones "primeramente con las víctimas y posteriormente con expertos, con la sociedad, a través de distintos mecanismos y plataformas con organismos internacionales".
Explicó que recogerán términos que generen "consenso" para construir una iniciativa de ley de amnistía que presentarán al Congreso de la Unión, organismo que se encargará de su aprobación y que integran las cámaras de diputados y senadores.
Tras los resultados de los comicios del domingo, ambas cámaras quedaron integradas en su mayoría por legisladores del Movimiento Regeneración Nacional (Morena), que encabeza López Obrador, lo que indica que esta ley puede concretarse.
El futuro titular de la Secretaría de Seguridad Pública -cartera que López Obrador anunció que volvería a crear tras ser disuelta por el actual mandatario, Enrique Peña Nieto- explicó que el contenido de la ley de amnistía estará sujeto a las disposiciones contenidas en los acuerdos internacionales firmados por México.
Dijo que el nuevo Gobierno explorará "sin prejuicios" todas las ideas y propuestas para "recuperar la paz y la serenidad en el país", lo cual incluye "el eventual indulto o el recurso de leyes especiales y de justicia transicional".
"El objetivo es cerrar el ciclo de guerra, de violencia que sufre nuestro país, sin pasar por la impunidad", precisó.
En la conferencia también compareció la exministra de la Suprema Corte Olga Sánchez Cordero, futura titular de la Secretaría de Gobernación (Interior) en el Gobierno que comenzará el 1 de diciembre y quien sentenció que "el objetivo es la pacificación de este país".
"López Obrador nos ha amp-adtruido para que echemos mano de todos los amp-adtrumentos legales a nuestro alcance para la pacificación y la justicia transicional", señaló.
Dijo que la sociedad mexicana ha registrado recientemente una "violencia extrema".
En los últimos 12 años ha habido 240.000 asesinatos y unas 40.000 personas desaparecidas, debido a la guerra contra el narcotráfico que comenzó en 2006 el expresidente Felipe Calderón y continuó Peña Nieto.
Este escenario ha provocado "una descomposición social muy importante" y por ello "debe transitar hacia la pacificación del país, el Estado de Derecho y el respeto a las amp-adtituciones", agregó Sánchez Cordero.
Recordó que el eje central en la pacificación del país son los derechos de las víctimas, quienes tienen, en este proceso de justicia transicional, el derecho a la verdad".
También dijo que López Obrador los amp-adtruyó a formar algunas "comisiones de la verdad", integradas por sociedad civil, expertos internacionales y sacerdotes "para determinados hechos que han acontecido en nuestro país y que han sido verdaderas tragedias humanas", como el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.
Por otra parte, Loretta Ortiz, una de las asesoras para la futura Secretaría de Seguridad Pública, dijo que México vive "una situación muy violenta, que nos obliga a tomar medidas excepcionales para poder pacificar al país".
Precisó que la consulta se llevará a cabo con la participación plural de la ciudadanía y que el dialogo estará en la esfera pública para conocer diferentes opiniones sobre cómo concretar la convivencia pacífica.
"Lo que está de por medio es garantizar el derecho a la seguridad y la paz", apuntó Ortiz.
Señaló que los convocados al diálogo serán, en primer término, las víctimas de crímenes y delitos como desaparición forzada, ejecuciones extrajudiciales, feminicidos, trata de personas, tráfico de migrantes, homicidos, secuestros, delitos sexuales, extorsión y delitos contra la defensa de Derechos Humanos y la libertad de expresión.
La consulta tendrá alcance nacional y abarcará las ciudades más violentas del país, detalló.
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