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La compra del voto, que se da de manera habitual cada vez que hay comicios en México, "perpetúa la pobreza" y se basa en un reparto de programas sociales que no buscan otorgar derechos a los ciudadanos, sino formar "clientelas".
La desconfianza en los políticos, el pensamiento de que "hay que sacarles lo que se pueda, porque después se olvidan de uno" y la indiferencia sobre a quién votar porque "son todos iguales" son factores que forman un "caldo de cultivo" aprovechado para este delito, dice en una entrevista con Baja Press el coordinador de Acción Ciudadana Frente a la Pobreza, Alberto Serdán.
La agrupación, que aúna 60 organizaciones sociales, es una de las impulsoras de Democracia Sin Pobreza, una plataforma que recoge denuncias de compra de voto de cara a las próximas elecciones del 1 de julio, en las que se elige al presidente del país y a quienes ocuparán otros 3.400 cargos federales, estatales y locales.
Desde el 5 de abril y hasta el 30 de mayo, la plataforma ha registrado 244 reportes ciudadanos en 26 estados.
"La compra de votos lo que hace es perpetuar la pobreza en un contexto en que no hay muchas certezas", indica el activista.
Y es que, de acuerdo con cifras oficiales, 53,4 millones de mexicanos viven en la pobreza; es decir, 43,6 % de la población.
Además, unos 9,4 millones de personas (7,6 % del total) sufren pobreza extrema.
Los partidos políticos, "al no convencer ni con sus plataformas ni con sus candidatos, acumulan la mayor parte del presupuesto público para poder repartirlo discrecionalmente y ganar votos aprovechándose de estas necesidades", argumenta Serdán.
El 36 % de reportes recibidos por Democracia Sin Pobreza están relacionados con la entrega de bienes, principalmente despensas.
Otro 33 % al condicionamiento para recibir los beneficios de programas sociales, 26 % a la entrega de dinero en efectivo y 5 % a la entrega de tarjetas electrónicas con promesa de pago diferido.
En aquellos casos en que la compra de votos se ha hecho a cambio de una cantidad en efectivo, el importe entregado ha sido 500 pesos (24,57 dólares) en la mayoría de los casos, dice Serdán.
No obstante, en algunos estados se han registrado montos muy superiores, como en el Estado de México (5.000 pesos, 245 dólares), Tabasco (4.000 pesos, 196 dólares), Oaxaca y Sonora (3.000 pesos en ambos, 147 dólares).
En 63 % de los casos, la prestación o monto económico se ofrecía a cambio de entregar la credencial para votar o sacarle fotocopia.
El activista recuerda que los datos que proporciona la herramienta, al estar basados en "autorreportes", no son estadísticamente representativos y no suponen un reflejo "real" de lo que está pasando en el país.
En el problema de la compra de votos, la clave está en la política social y sus respectivos programas, que "no están diseñados para superar la pobreza, sino para el clientelismo y para influir de manera indebida en las elecciones".
Tanto a nivel federal como estatal -lo que es especialmente perceptible en regiones como Chiapas-, estos programas carecen de reglas de operación y de un padrón de beneficiarios "público y verificable", argumenta el experto.
Una acción que tendría que tomarse para enfrentar la compra de votos es "intensificar los operativos para investigar y castigar a los responsables".
No obstante, esto se dificulta este año, porque los fondos públicos destinados a la observación electoral "se han reducido cerca de 81 % en términos reales", a pesar de que este es el proceso más grande de la historia del país.
Asimismo, Serdán explica que, en el mediano y largo plazos, la erradicación del problema pasa, necesariamente, por cambiar la política económica para llegar a mejorar los ingresos de los ciudadanos.
"Al final del día, es lo único que va a desterrar la compra de voto", concluye el activista.
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