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La incautación de 1.500 cajas de valores de la empresa First National Security por parte de las autoridades mexicanas afecta a ciudadanos de al menos 20 países, denunciaron hoy arrendatarios durante una protesta en Cancún.
Desde hace varias semanas la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido), de la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía nacional), inició un operativo que, según dio a conocer, estaría relacionado con el crimen organizado.
Pero ante el aviso de que todas las cajas incautadas y su contenido serían trasladados a Ciudad de México, el sábado pasado las personas afectadas montaron un campamento frente a los militares que custodian el acceso principal a la empresa de resguardo de valores.
A raíz de las protestas de los afectados y luego de varios días sin dar a conocer información oficial, la PGR emitió el 30 de octubre un boletín señalando que un juez concedió la orden de registro a la empresa.
La PGR indicó que, a través de la Seido y derivado del trabajo conjunto realizado con la Policía Federal y la Secretaría de Marina, se obtuvo la orden de registro que le permitía abrir cada una de las cajas de valores para buscar "indicios asociados a ilícitos penales".
El operativo provocó la reacción inmediata de los afectados, que han promovido cerca de 400 amparos y han interpuesto más de 100 quejas ante las comisiones estatal y nacional de los derechos humanos. Adicionalmente, iniciaron gestiones por medio del grupo de diputados federales por el estado de Quintana Roo.
Este jueves, a modo de protesta y debido a que en México se celebra el Día de Muertos, montaron un improvisado "velorio" con velas, coronas de flores y un féretro en que colocaron libros sobre la Constitución y diversos reglamentos relacionadas con la protección de las garantías individuales.
Marisela Rubio, una de las afectadas, dijo que entre los afectados hay ciudadanos de al menos 20 países, según consta en las listas que han estado elaborando con los arrendatarios de las cajas que se han acercado a pedir informes y a sumarse a las protestas.
"Es un polo turístico donde mucho capital extranjero está invertido y muchos extranjeros de más de 20 naciones tienen sus cajas aquí para guardar su documentación", indicó.
Para Virginia Álvarez Bravo, la forma de proceder de las autoridades es muy similar a lo que ha pasado en Venezuela. "Critican mucho a (el presidente Nicolás) Maduro lo que están haciendo en Venezuela, y nosotros es lo que está pasando, el populismo,; nos están robando de una manera cínica", denunció.
Álvarez llegó a la protesta con la llave de su caja de seguridad en la mano como prueba de que no ha dado la autorización para que se abra, ni ha sido notificada por ninguna autoridad sobre algún procedimiento legal en su contra.
"Me molesta y me enoja mucho ver cómo las autoridades tienen aquí no sé cuántos, si cien militares o federales, cuidándonos a nosotros que estamos dando la cara por venir a recuperar estas cosas mientras en las calles se están matando. Subió la delincuencia 162 % en este año en Cancún", comentó.
De manera firme, Álvarez advirtió que seguirá las vías legales y estará en todas las protestas hasta que logre recuperar sus pertenencias.
"Tengo cosas sentimentales como las medallas de bautizo de mis hijas, recuerdos de mi hijo fallecido. Realmente son cosas sentimentales y no voy a permitir que nadie me las robe, porque son cosas que yo tenía aquí para asegurar que nadie las tocara. Tengo 20 años pagando una renta y simplemente sin consultarme, sin notificarme, se apoderan de mis cosas", manifestó.
Brenda Aguilar Sansores, conocida activista local por participar en casos como el de la defensa del predio Tajamar, indicó que el tema de las cajas de seguridad no tiene nada que ver con el estatus social de los afectados.
"Rompieron la tranquilidad. Si de por sí ya estábamos intranquilos con todo esto del narcotráfico y las balaceras y de las muertes, qué espera a todas estas personas", finalizó.
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