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Programas informáticos como Pegasus, usado para espiar a críticos del Gobierno en México, son tan peligrosos para quebrantar la intimidad como susceptibles a una simple actualización de sistema, dijeron expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
José Fabián Romo, director de sistemas de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación de la UNAM, explicó que Pegasus, como otros programas de su tipo, es un "exploit" que se aprovecha de la debilidad del sistema operativo para extraer datos.
En su función más básica, este tipo de software puede extraer datos de las redes sociales, aplicaciones como WhatsApp y servicios como el correo electrónico, e incluso capturar mensajes que están "en tránsito", explicó.
El daño a la privacidad puede ser tan grave como el tipo de información del usuario y lo antiguo que sea el sistema operativo de su equipo, porque entonces estos programas pueden tomar control total y activar cámaras de fotografía o vídeo, así como micrófonos.
La puerta de entrada para espiar al usuario suele ser una invitación a recibir información que al aceptarse permite la amp-adtalación del programa, y el mecanismo más empleado son los mensajes tipo SMS y el correo electrónico, precisó Romo.
El quebranto a la intimidad puede evitarse, al menos parcialmente, con medidas como actualizar el sistema operativo, con lo que se protege el equipo al corregir las "debilidades" que pueden ser aprovechadas por los programas como Pegasus.
Y, en caso de sospecha, reiniciarlo como si fuera nuevo; claro, después de guardar los datos importantes.
"Es una regla universal para todos los aparatos que se incrementa la protección a través de las versiones más recientes. No significa que sean invulnerables, pero ya no será el mismo efecto", sostuvo el experto.
Dijo que lo recomendable es revisar el teléfono para detectar algún comportamiento anómalo, como puede ser un excesivo consumo de datos, que puede ser una señal de que el aparato "está comprometido".
Precisó que "si bien no es imposible, es complicado" para un usuario detectar si el aparato tiene software maliciosos por su nivel de encriptamiento, y puede ser preciso el apoyo de expertos.
Este tipo de programas "en manos de quien no debe y con propósitos no legales, puede sacar datos" de cualquier teléfono, ponderó.
Para la investigadora Alma Rosa Alva de la Selva, autora de "La brecha digital, nueva desigualdad social", las intromisiones a la vida privada con programas informáticos generan una situación de dos vías, una legal y otra de lo que definió como "ciudadanía digital".
"Está el grave riesgo de trasgredir la libertad de expresión, pero a nivel legal es muy complejo porque la tecnología va más rápido que la regulación", comentó De la Selva, doctora en Ciencias Políticas y catedrática de la UNAM.
La investigadora llamó a avanzar en la protección de la privacidad "por cuenta propia", además de educarse en la "ciudadanía digital, que implica una reformulación de los derechos humanos.
"Un ciudadano digital conoce sus derechos y sabe cómo protegerse, qué reclamar. Pero un usuario que de manera ingenua proporciona toda la información de su vida no tiene idea de la manera en que está expuesto", advirtió.
El pasado 19 de junio, el diario estadounidense The New York Times reveló que el programa Pegasus, que solo se vende a gobiernos, había sido utilizado para espiar a críticos del Gobierno mexicano, como activistas de derechos humanos y periodistas.
Ante las críticas y las denuncias de diversas organizaciones sociales, el presidente Enrique Peña Nieto ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR, fiscalía) investigar el supuesto uso de este tipo de programas, aunque aseguró que su Gobierno no los ha usado para espiar a ciudadanos comunes.
La ex fiscal general Arely Gómez, ahora secretaria de la Función Pública, reconoció que la PGR contaba con el programa pero sostuvo que durante su gestión siempre su utilizó conforme al marco legal.
Según las condiciones de venta del programa Pegasus, los gobiernos solo lo pueden utilizar para espiar en casos de sospecha de terrorismo y para perseguir criminales, como el caso de los cárteles del narcotráfico.
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