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Un total de 12.532 personas murieron en 2017 por las luchas entre narcotraficantes en México, lo que indica un recrudecimiento de la violencia entre cárteles y coincide con el peor dato de homicidios en el país en dos décadas.
Según un recuento publicado hoy por el diario Milenio, las 12.532 víctimas convierten este 2017 en el año con más muertes por rencillas en el crimen organizado del mandato de, presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Este es el segundo año más violento -el primero fue 2010 con 12.658 asesinatos- desde que el periódico comenzó el recuento en 2007, coincidiendo con el inicio de la llamada guerra contra el narcotráfico que comenzó durante la administración del presidente Felipe Calderón (2006-2012).
El impacto de la violencia fue de 156.234 millones de dólares en 2016 que en su mayor representa el negocio del narcotráfico, lo que equivale a cerca del 18 % del PIB en México o lo que es lo mismo a 1.279 dólares por persona, según el informe Índice de la Paz México 2017.
El pasado año hubo un promedio de 34,3 homicidios diarios por la disputa de territorios y ajustes de cuentas, lo que representa un incremento del 14,3 % respecto a la media del 2016, de 30 casos.
Si se compara con 2015, al aumento de casos por día fue del 49 %, el equivalente a once crímenes más.
El saldo de las muertes en poco más de una década sube a 104.064 personas, según el recuento del periódico, que comenzó en 2007.
En promedio, han fallecido 26 personas al día por las peleas entre narcotraficantes en estos 11 años.
En años anteriores, les autoridades lograron reducir el número de asesinatos vinculados con el crimen organizado con políticas en materia de seguridad.
No obstante, los logros se revirtieron en 2016 cuando se reportaron 10.961 asesinatos.
Los homicidios se concentraron en siete estados: Guerrero (1.654), Chihuahua (1.358), Veracruz (1.326), Guanajuato (1.035), Michoacán (854), Sinaloa (720) y Estado de México (708).
Guerrero, en el sur de México, se convirtió por tercer año consecutivo en el estado con más muertes por luchas entre narcos. No obstante, registró 178 casos menos que en 2016, cuando se contabilizaron 1.832 delitos.
Del lado opuesto se encuentran estados como Yucatán o Campeche, con dos y tres ejecuciones, respectivamente.
Solo en diciembre se reportaron 1.224 asesinatos, la cifra más alta desde abril del 2011, cuando perecieron 1.402 personas.
Con el dato del 2017, y a un año del fin del mandato de Enrique Peña Nieto, su gobierno suma ya 50.963 víctimas.
Este 2017 también ha sido un año negro en cuanto a asesinatos a nivel general.
Según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNP), hasta noviembre hubo 23.101 homicidios dolosos, convirtiendo 2017, aún sin los datos de diciembre, en el año más violento para México en dos décadas.
De acuerdo con su informe mensual, en los primeros 11 meses del año se produjeron un total de 37.527 homicidios. De estos, 23.101 se computaron como asesinatos, en tanto que 14.426 fueron culposos.
En México se produjo un repunte de la violencia hace 11 años a raíz de la guerra contra el narcotráfico, que hasta la fecha ha dejado al menos 150.000 muertes vinculadas al crimen organizado -tanto entre luchas internas como con las fuerzas de seguridad- y más de 30.000 desaparecidos.
Si bien el número de asesinatos cayó en la primera parte del mandato de Enrique Peña Nieto (2012-2018), en los últimos años el país padece una nueva ola de violencia.
Todo estos datos ponen en entredicho la lucha frontal contra el crimen organizado iniciada por Calderón y que supuso que las Fuerzas Armadas salieran a la calle para realizar tareas de seguridad pública.
Precisamente, el pasado diciembre y tras muchos meses de debates y controversias se promulgó la Ley de Seguridad Interior, que formaliza el papel de militares y marinos en seguridad pública.
El nuevo ordenamiento ha causado gran controversia. Mientras para algunos es una forma de regular el papel de los militares en actividades que llevan realizando una década, para otros perpetúa su presencia en las calles, donde han sido acusados de uso indebido de la fuerza y desapariciones forzadas.
Ante la avalancha de protestas en las calles y en redes sociales, y la opinión contraria de organismos de tanto peso como las Naciones Unidas o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Peña Nieto anunció, tras la promulgación, que no emitiría ninguna declaratoria de seguridad hasta que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decida sobre su constitucionalidad.
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