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El presidente estadounidense, Donald Trump, no tiene planes de extender la vigencia del programa DACA, que protege de la deportación a unos 690.000 jóvenes indocumentados, más allá del 5 de marzo, la fecha en la que entra en vigor su decisión de cancelarlo, indicó hoy la Casa Blanca.
"Dudo muchísimo (que Trump extienda la vigencia del programa)", dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, John Kelly, en declaraciones a los periodistas en el Congreso, según informan los diarios The Washington Post y Politico.
Kelly dijo que no estaba seguro de que Trump tenga "la autoridad para ampliar" la duración del programa DACA (Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), porque éste "no está basado en ninguna ley".
Trump ordenó el pasado mes de septiembre cancelar el programa DACA, anunciado en 2012 por el expresidente Barack Obama, pero dio al Congreso seis meses, hasta el próximo 5 de marzo, para encontrar una solución permanente a la situación migratoria de los jóvenes.
El programa DACA protege de la deportación a unos 690.000 jóvenes indocumentados que llegaron a Estados Unidos de niños, conocidos como "dreamers" (soñadores), que obtuvieron permisos temporales de trabajo gracias a esa medida.
Kelly subrayó que, en cualquier caso, él recomendaría al presidente Trump que no amplíe la vigencia de DACA, porque sin la inminencia de su fin es improbable que el Congreso actúe para reformar el sistema migratorio del país.
"Lo que les hace actuar es la presión", afirmó Kelly sobre el Congreso.
El pasado 10 de enero, un juez de California ordenó al Gobierno de Trump que volviera a aceptar las solicitudes de renovación de DACA por parte de aquellos individuos que ya habían recibido previamente los beneficios de este programa y que ahora se están quedando sin protección.
El Departamento de Justicia ha apelado esa sentencia ante el Tribunal Supremo, que tendrá la última palabra sobre si el programa DACA puede continuar en el futuro.
A finales de enero, Trump propuso al Congreso en enero una reforma que permitiría acceder a la ciudadanía a 1,8 millones de indocumentados que llegaron a EE.UU. de niños, a cambio de 25.000 millones de dólares para construir el muro y reforzar la seguridad fronteriza, y de una serie de cambios al sistema de migración legal.
Pero la propuesta del presidente ha recibido una respuesta fría entre los demócratas, y Trump ha subrayado que no aceptará ningún plan que no incluya fondos para el muro en la frontera con México y aborde sus otras prioridades, como las trabas a la reunificación familiar de los inmigrantes legales.
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