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La justicia francesa se ha hecho cargo del "caso Benalla" imputando a los cinco implicados en el escándalo provocado por el exguardaespaldas de confianza del presidente que golpeó a manifestantes durante la disolución de una protesta el pasado 1 de mayo en París.
El suceso, que la oposición ha elevado a la categoría de Estado, ha fagocitado la vida política francesa, hasta el punto de que la actividad parlamentaria ha quedado paralizada a la espera de la comisión de investigación que comienza mañana con la comparecencia del ministro del Interior, Gerard Collomb.
El silencio del presidente, Emmanuel Macron, ha brindado a la oposición una tribuna para lanzar sus críticas ante un asunto que tiene al país pendiente de respuestas.
Mientras unos aseguran que Macron trataba -de la mano de Alexandre Benalla, su amp-adeparable responsable de seguridad, tanto en el Elíseo como en sus actividades privadas- de crear una policía paralela, la Presidencia ha dejado entrever que se trata de un simple suceso, una extralimitación de un hombre muy cercano al presidente.
Las primeras explicaciones tendrá que darlas Collomb, de quien se sabe que conoció los hechos de forma inmediata y que solo ordenó una investigación interna cuando el pasado miércoles fueron revelados por el diario "Le Monde".
Tampoco acudió a la justicia, que comenzó a actuar el pasado viernes con el arresto de Benalla y de Vincent Crase, responsable de seguridad del partido de Macron, presente también el 1 de mayo en el lugar de los hechos según las filmaciones.
Tras dos días de interrogatorios, la Fiscalía decidió abrir una investigación por los actos violentos cometidos por Benalla y Crase, pero también por portar armas y diferentes efectos policiales como un casco antidisturbios, un brazalete y una radio.
Al caso se añadió una nueva derivada después de que Benalla, tras la revelación de su identidad, tratara de recuperar las imágenes de las cámaras de vigilancia de la ciudad de París para apuntalar su línea de defensa.
Tres oficiales de elevado rango que se las dieron también fueron arrestados y están siendo imputados por desvío de esas grabaciones y por violación del secreto profesional.
Aunque los cinco implicados fueron dejados en libertad, el juez les impuso medidas cautelares, la prohibición de que Benalla y Crase ejerzan ninguna función pública, que entren en contacto con los otros implicados y que porten armas.
A los otros tres policías les prohibió participar en ciertas misiones y que entren en contacto con el resto de los implicados.
Según la emisora "France Info", todos ellos han respondido a las preguntas de los investigadores y no han invocado su derecho a guardar silencio.
El semanario "Le Journal du Dimanche" indicó que Benalla afirmó que se encontraba en el lugar de la manifestación como observador, pero que decidió intervenir al considerar que la Policía estaba desbordada, algo que, según él, que tiene un máster en derecho, permite la ley.
Para demostrarlo pidió a tres altos grados de la policía de París las imágenes de las cámaras de vigilancia de la ciudad, una intervención que motivó que el pasado viernes el Elíseo iniciara los trámites de su despido.
Y también la implicación de esos tres oficiales que, según "France Info", que cita al abogado de uno de ellos, cedieron a la petición de Benalla por su cercanía con el presidente.
Mientras avanzaban las labores judiciales, la Asamblea Nacional, que debatía la reforma constitucional, uno de los proyectos clave del mandato de Macron, tuvo que suspender sus sesiones, ante la amp-adistencia de la oposición de que el "caso Benalla" debía ser prioritario.
"No podemos seguir avanzando en un proyecto que refuerza los poderes del presidente mientras existen sospechas sobre la forma en la que los ejerce", afirmó el jefe del grupo parlamentario conservador Los Republicanos, Christian Jacob.
La batalla se trasladó a la comisión de investigación, en la que por el momento solo han acordado la intervención de Collomb y del prefecto de policía de París, Michel Delpuech.
La oposición acusa al partido de Macron de bloquear la comparecencia de cercanos colaboradores del presidente quien, por su estatuto, no puede ser interrogado.
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