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Un grupo de expertos de derechos humanos celebró hoy la sentencia de una corte guatemalteca que reconoce que la comunidad maya ixil fue víctima de genocidio e amp-adtó al Estado a procesar a los responsables.
"La decisión de la corte confirma que el sufrimiento y la humillación sufrida por el pueblo ixil a manos del ejército guatemalteco constituyeron delitos de genocidio y lesa humanidad", dijeron los expertos en un comunicado.
"Celebramos este avance importante en la búsqueda de la verdad, la lucha contra la impunidad y la recuperación de la memoria histórica de los hechos ocurridos durante el conflicto armado interno (1960-1996) que se estima se cobró más de 200.000 vidas", agregaron.
La sentencia del juicio por la muerte de 1.771 personas, en su mayoría miembros de la comunidad ixil entre 1982 y 1983, estableció que el ejército guatemalteco utilizó las técnicas más brutales de violencia contra la población civil, señalaron los expertos.
Esta represión incluyó asesinatos, torturas y tratos crueles e inhumanos, violencia sexual y desplazamiento forzado, causando la destrucción física parcial de la población ixil.
Los expertos dijeron que la sentencia "sienta un precedente histórico para la justicia transicional en Guatemala, la región y el mundo".
Indicaron que ahora el reto y la obligación del Estado sigue siendo identificar, procesar y sancionar a los responsables de estos crímenes atroces como paso importante para alcanzar justicia para las víctimas y sus familiares.
"La impunidad de los responsables es inaceptable. Es esencial que los procesos judiciales respeten los estándares internacionales en la determinación de las responsabilidades de los autores materiales e intelectuales de violaciones graves de las normas internacionales de derechos humanos y del derecho internacional humanitario", subrayaron.
También amp-adtaron al Gobierno a garantizar una reparación integral a las víctimas del pueblo ixil y a las otras víctimas del conflicto armado interno, y a continuar la búsqueda de las personas desaparecidas.
Los expertos también expresaron preocupación por los presuntos ataques e amp-adultos recibidos por las víctimas, los querellantes y los miembros de la comunidad ixil que participaron en las audiencias judiciales, así como por las amenazas y ataques contra los jueces y los operadores de justicia involucrados en casos de justicia transicional.
"Instamos al Gobierno a tomar las medidas urgentes necesarias para garantizar la independencia judicial y la protección de jueces, fiscales, testigos, víctimas y querellantes que participan en estos importantes procesos judiciales", sostuvieron.
Firman el comunicado el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabián Salvioli; el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias; la relatora especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Agnès Callamard, y el relator especial sobre la independencia de magistrados y abogados, Diego García-Sayán.
También suscriben el comunicado la relatora especial sobre los derechos de los pueblos indígenas, Victoria Tauli Corpuz; el relator especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Nils Melzer; la relatora especial sobre la violencia contra la mujer, sus causas y consecuencias, Dubravka Simonovic, y la relatora especial sobre los derechos humanos de los desplazados internos, Cecilia Jiménez-Damary.
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