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El Gobierno español celebrará el próximo sábado una reunión extraordinaria para activar el mecanismo que permita "restaurar el orden constitucional" en Cataluña y asumir competencias de las autoridades independentistas de la región, un hecho inédito en casi cuatro décadas de democracia en España.
El Ejecutivo de Mariano Rajoy aprobará en esa reunión las medidas que está consensuando con el Partido Socialista Obrero Español (PSOE), el principal de la oposición, y los liberales de Ciudadanos, con el fin de "proteger el interés general de los españoles, entre ellos los ciudadanos de Cataluña" .
Según fuentes gubernamentales, el Gobierno español aplicará esas medidas "con inteligencia y con prudencia" y con el objetivo de reconstruir cuanto antes la legalidad y la convivencia, tras la celebración el pasado 1 de Octubre del referéndum ilegal de autodeterminación.
La respuesta del Gobierno español se anunció tras recibir esta mañana una carta del presidente del Ejecutivo catalán, Carles Puigdemont, que contestaba al segundo requerimiento del Gobierno español sobre si declaró la independencia o no el pasado 10 de octubre.
En la misiva, Puigdemont avisaba a Rajoy de que si "persiste en impedir el diálogo y continuar la represión", el Parlamento autonómico votará una declaración formal de independencia "si lo estima oportuno".
Puigdemont también señalaba que en su comparecencia en el Parlamento regional "no votó" ninguna declaración de independencia y recalcaba que su "suspensión continúa vigente".
Tras esta carta el Ejecutivo español decidió seguir adelante los trámites previstos en el artículo 155 de la Constitución española para restaurar la legalidad en Cataluña y convocó un Consejo de Ministros extraordinario, en el que se detallarán las medidas que deben ser luego ratificadas en el Senado.
La reunión del Senado se producirá previsiblemente el 30 ó 31 de octubre, según explicaron hoy fuentes de la Cámara Alta española.
Rajoy, entre tanto, recibió hoy el apoyo de los principales líderes europeos a su defensa de la Constitución española frente a las aspiraciones de los independentistas en Cataluña.
Aunque el conflicto catalán no formaba parte de la agenda de la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno, la canciller alemana, Ángela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, entre otros, respaldaron la política del Gobierno español para solucionar el conflicto en Cataluña.
En Bruselas se encontraba también el líder del PSOE, Pedro Sánchez, con quien Rajoy mantuvo una conversación telefónica, antes de viajar a Bélgica, para ratificar la respuesta común a la misiva de Puigdemont, según informaron fuentes gubernamentales.
Los socialistas, según dijo el secretario de Organización, José Luis Ábalos, confían en que la aplicación del artículo 155 sea una medida "lo más breve posible" y "muy, muy limitada".
Por su parte, el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, sostuvo su tesis de que el artículo 155 debe servir para convocar cuanto antes elecciones anticipadas en Cataluña, algo que la formación liberal viene pidiendo desde el inicio del conflicto independentista.
Sin embargo, fuentes del gubernamental Partido Popular (PP) admitieron que no ven claro una convocatoria electoral inmediata.
Desde las filas independentistas, los representantes en el Congreso de los Diputados de Esquerra Republicana (ERC) Joan Tardá y del PDeCAT (el partido de Puigdemont) Carles Campuzano coincidieron en avisar del "mal" escenario que para ellos supone entrar en el artículo 155 y descartaron que el presidente catalán convoque elecciones.
Más expeditivos fueron desde la formación radical secesionista de la CUP y entidades como la Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural -cuyos dirigentes se encuentran en prisión preventiva por un delito de sedición-, que se reafirmaron en su idea de que se proclame la "república" catalana "cuanto antes".
De hecho, el sector independentista del Parlamento regional mantuvo hoy reuniones para abordar el tipo de pleno más "adecuado" para proceder al debate y votación de la declaración de independencia.
La tensa jornada arrastró a la bolsa española, que cerró con una caída del 0,74 por ciento y perdió la cota de los 10.200 puntos.
Mientras, el número de empresas que han trasladado su sede social fuera de Cataluña asciende ya a 917, según datos del Colegio de Registradores de España.
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