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El presidente surcoreano, Moon Jae-in, pidió hoy investigar a fondo una escalofriante trama de abusos sexuales y torturas cometidas sobre decenas de mujeres, varias de ellas menores de edad, y difundidos online a cientos de miles de clientes que pagaron por ver las escenas.
Moon, citado por el portavoz presidencial Kang Min-seok, condenó estos "actos de crueldad que destruyen la vida de las personas" y dijo que su Gobierno otorgará a las víctimas todo el apoyo posible a nivel legal, médico y terapéutico y que tratará de eliminar todos los vídeos de Internet.
También dijo que entiende perfectamente la indignación, "totalmente justificable", de la opinión pública tras conocerse el caso.
Al menos 74 mujeres, 16 de ellas menores, han sido víctimas de esta trama, conocida como "Nth room" o "Sala N" debido a que se usaron diferentes salas de chat en la aplicación de mensajería Telegram (llamadas Sala N1, Sala N2...) para difundir los vídeos.
La policía metropolitana anunció el viernes que había arrestado a 14 personas, incluyendo al supuesto principal operador de la trama, un hombre en la veintena apellidado Cho.
La policía cree que estas personas primero accedían a datos personales de las víctimas a través de distintos métodos para luego amenazar con difundir dicha información si no enviaban fotos de ellas desnudas.
Una vez que las víctimas enviaban esas imágenes, los operadores de la red supuestamente amenazaban con difundir dicho material si las mujeres no accedían a grabarse en vídeo autolesionándose o realizando actos sexuales.
Estos vídeos, que se cree que podrían incluir hasta violaciones, serían después compartidos, previo pago en criptomoneda, en las distintas "Salas N" en Telegram, donde se cree que pueden haber habido hasta 260.000 usuarios.
Moon, de hecho, subrayó la importancia de que se investigue a todos los participantes de esas salas de chat y no solo a las personas que obtuvieron y difundieron dicho material.
La indignación en Corea del Sur es tal que desde el viernes más de 3 millones de personas han firmado peticiones públicas a la oficina presidencial pidiendo un duro castigo para los responsables e incluso reclamando que se invalide el derecho constitucional a la intimidad del principal sospechoso, Cho.
La policía valorará el martes la petición puesto que en casos clasificados como de "extrema gravedad" las autoridades han dado a conocer el rostro y la identidad completa de los sospechosos en nombre del "interés general".
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