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El principal daño a la calidad de vida de la ciudadanía, a manos de las personas que trabajan en el gobierno, se debe a la simulación. Es muy grave no hacer lo que se tiene que hacer (y desviar los recursos programados para hacerlo), y todavía más nocivo es hacer como que ya se hizo.
El quitar una acción importante de la lista de pendientes, arrastra nuestra atención a otra parte, dejando de lado eso que era trascendente y que ahora, al paso de los meses, de los años y de una administración a la que sigue, se ha convertido un problema grotesco. Ahora, acordar una solución será más problemático y costoso que antes, cuando se debió de haber hecho y… se quedaron con el cambio. De ahí la importancia de una participación ciudadana, organizada y vigilante, que no quite el dedo del renglón.
En 2011, durante el gobierno de Narciso Agúndez, se publicó en la página Web del gobierno del estado de BCS un documento realizado por una empresa privada bajo responsabilidad de la Dirección de Planeación Urbana y Ecología. Se trata del Programa Estatal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos para el estado de Baja California Sur, el cual presenta muchas carencias, ideas inconclusas y errores de redacción. Cuando aparecieron las primeras críticas, en lugar de revisar y corregir el texto, se demostró un pudor poco característico, lo desaparecieron de la página Web y se mandó al archivo. No se hizo nada.
Dentro de su contenido, menciona como meta inmediata la adecuación del marco jurídico, comenzando con la elaboración de la Ley para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para el estado de Baja California Sur, y su respectivo Reglamento.
La siguiente administración, a cargo de Marcos Covarrubias, desperdició la oportunidad de emprender una solución para éste y muchos otros temas.
Esa meta inmediata sigue pendiente hasta la fecha, siete años después.
Ahora, solicitamos al gobernador Carlos Mendoza Davis, y a las diputadas y diputados integrantes de la XIV Legislatura del H. Congreso del estado de Baja California Sur, que resuelvan este rezago urgente. Aprovechen la oportunidad de cimentar las bases para enfrentar esta compleja actividad que literalmente nos contamina y nos afecta gravemente a todos.
Se continúa incrementando el número de cuartos de hotel en Los Cabos, con la consecuente atracción y establecimiento de población migrante que llega a dar servicio a esos turistas adicionales y las autoridades parecen no tomar en cuenta el complicado problema ecológico y de sanidad que ya estamos enfrentando con respecto a la basura (y otros asuntos), así como la manera exponencial en que la demanda de servicios públicos aumenta. Esta situación se complica a cada momento y el primer paso hacia la solución es la adecuación del marco jurídico. Contraten la asesoría experta que requieran y resuelvan lo conducente a la brevedad, que de este paso siguen muchos otros, y los responsables de ejecutarlos desde los Ayuntamientos, voltean en espera de su iniciativa. Este asunto impacta el nivel de la calidad de vida de todos los sudcalifornios y solamente ustedes, en el Congreso de Estado, pueden hacer este trabajo. Urge que lo hagan, bien y pronto.
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