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Cabo San Lucas BCS.- Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, denunciaron esta mañana que derivado del contubernio y las graves omisiones de la Contralora General en el estado de Baja California Sur, la Maestra Sonia Murillo y del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba, para proteger las tropelías e ilegalidades del Secretario de Educación Pública Héctor Jiménez y el Secretario del SNTE sección III Nicolás Gutiérrez, se vieron forzados promover un juicio de amparo.
Este, es en contra de los funcionarios públicos para que dejen de solapar y cobijar la violación de derechos humanos en contra de profesores disidentes y resuelvan la queja CG/QD/140/2016 ante la contralora, así como la queja 44/2017 ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, dichos juicios federales son 457/2017 ante el juzgado primero de distrito, 451/2017 ante el juzgado segundo de distrito y 434/2017 ante el juzgado tercero de distrito, en este último negando la contralora que se haya dilatado en resolver la queja del año pasado, según lo mencionó Alma Delia Camarillo, integrante de la comisión política de la CNTE en el estado.
Cabe recordar, que se había promovido una queja en contra del Secretario de Educación Pública ante la contraloría y Derechos Humanos por actitudes machistas y por haber ejercido violencia amp-adtitucional en contra de la mujer, así como por haber asumido actitudes de hostigamiento y revanchismo en contra de la disidencia magisterial, sin que a la fecha se haya resuelto la queja; en ese sentido, la disidencia, solicitó la separación del cargo del funcionario.
Es preciso señalar que se promovió diversa queja en contra del Secretario General del SNTE de la sección III por actuar omiso y doloso en contra de un profesor y sus derechos; para tal efecto, señalaron que promoverán nuevos amparos para obligar a los funcionarios a realizar su trabajo.
Finalmente, expresaron que le fue enviado un oficio al Gobernador del Estado de Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis para solicitarle una mesa de diálogo con la presencia del Director de Derechos Humanos, Silvestre de la Toba, con la finalidad de que les ofrezcan el sustento legal que permite que los funcionarios públicos indiciados, sean cobijados por la administración pública estatal.
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